Inicio > Geriatría y Gerontología > Adaptación de los servicios sociales a la evolución de la población envejecida a partir de la creación de la ley de dependencia en España. Revisión bibliográfica

Adaptación de los servicios sociales a la evolución de la población envejecida a partir de la creación de la ley de dependencia en España. Revisión bibliográfica

Adaptación de los servicios sociales a la evolución de la población envejecida a partir de la creación de la ley de dependencia en España. Revisión bibliográfica

La discapacidad abarca todas aquellas limitaciones de actividad que manifiesta el individuo, reflejando una compleja interacción entre el organismo humano y las características de la sociedad en la que se encuentra el individuo. La discapacidad no es un concepto nuevo y actual, sino que se trata de una situación real con la que las diferentes sociedades conviven desde su inicio.

Adaptación de los servicios sociales a la evolución de la población envejecida a partir de la creación de la ley de dependencia en España. Revisión bibliográfica

AUTORES: Tania Sánchez Guio 1, David Delgado Sevilla 2

1 Máster Universitario en Gerontología Social. Universidad de Zaragoza. Enfermera en Servicio Aragonés de Salud.

2 Máster Universitario en Investigación en Ciencias de la Salud. Universidad San Jorge. Enfermero en Servicio Aragonés de Salud.

No existe ningún conflicto de intereses entre los autores del manuscrito.

RESUMEN

El aumento de personas valoradas con algún tipo de discapacidad, está relacionado con diversos factores, sobre todo, el aumento en la esperanza de vida de las personas en España. Ese aumento de años, va acompañado de presencia de patologías crónicas y un desgaste, tanto físico como psicológico, propio del proceso fisiológico del envejecimiento.

Estos factores han provocado que las personas, conforme alcanzan cierta edad, necesiten de la ayuda de familiares, e incluso de los servicios sociales. Es a raíz de este aumento en el número de personas mayores, la creación de una normativa actualmente vigente que rige los aspectos y baremos de los niveles de dependencia.

Este trabajo pretende ofrecer una visión realista y pormenorizada de la situación de las personas mayores y/o dependientes con respecto a esta normativa jurídica con validez en territorio nacional.

PALABRAS CLAVE: envejecimiento, dependencia, legislación, autonomía, cronicidad

INTRODUCCIÓN

Situación demográfica y evolución de la situación de dependencia en España

La vida humana es múltiple, diversa y muy compleja. Y como nunca antes había sucedido, existe una esperanza de vida por encima de los 75 años, provocando, incluso, familias enteras envejecidas y multigeneracionales (1). Crespo Garrido et al, afirman que “La dependencia no es un fenómeno nuevo, sino que se trata de una realidad con la que las sociedades conviven desde que se configuran como tales. Sin embargo, lo que se presenta como un auténtico reto para el futuro, es la forma y manera de afrontar su nueva realidad” (2).

La discapacidad se define según la Organización Mundial de la Salud, como “aquel término que abarca las deficiencias, limitaciones de actividad y las restricciones de la participación, […], por lo que, es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive” (3).

Se evidencia a través de la observación, por un lado, de la existencia de personas con discapacidad asociada a diversos factores, y, por otro, de las personas con discapacidad asociadas a la vejez (1). Realmente no existe diferencia entre ambas, únicamente sucede que la segunda dimensión es la que realmente está afectando al desarrollo del fenómeno de la dependencia como fenómeno social.

Autores como Crespo Garrido, afirman que la dependencia “no es un fenómeno nuevo, sino que se trata de una realidad con la que las sociedades conviven desde su propia creación”. Sin embargo, lo que se plantea no es la dependencia como realidad o situación, sino la forma de hacerle frente de forma satisfactoria (2).

En la actualidad, no se dispone de una base de datos fidedigna que registre a la totalidad de personas que disponen una discapacidad a nivel nacional, sin embargo, el conjunto de los datos de cada una de las autonomías que conforman España, ofrece una idea ligera sobre el impacto de la situación de discapacidad en nuestro país. Según el último informe de la Base Estatal de Datos de Personas con Valoración del Grado de Discapacidad del Gobierno de España, en el año 2014 estaban reconocidos 2.813.592 personas con discapacidad de más del 33%.

De la totalidad de personas con discapacidad reconocidas en este informe, 1.403.282 son varones (49.8%) y 1.410.310 son mujeres (50.2%). En ambas distribuciones por sexo, las causas principales de discapacidad coinciden en patologías osteoarticulares como primera causa (25.13% en varones y 31.53% en mujeres), patologías crónicas (19.68% en varones y 16.93% en mujeres) y patología mental (16.11% en varones y 16.20% en mujeres). Respecto a la edad, 1.618.240 personas con discapacidad tienen menos de 65 años (57,5%) mientras que existen 1.195.352 de personas mayores de 65 años (42.5%) (4).

Esta alta proporción en personas mayores de 65 años se debe a un aumento considerable de la esperanza de vida en España, situándose actualmente en 82 años (5). Este aumento considerable en el número de años vividos, asociado a un normal desgaste físico y psicoemocional provocado por el envejecimiento, provoca un aumento en la dependencia de estas personas mayores hacia sus familiares, o incluso, en los servicios sociales (2).

De la Fuente manifiesta que la situación de dependencia viene determinada por diversos factores, además de los relacionados con la morbilidad, como son el sexo, la edad y el entorno en el que se vive (6). Se estima que en el año 2050, la proporción de personas mayores de 65 años se situará en el 33,2 % de la población mundial total, y España será considerada como el segundo país más envejecido del mundo (7).

Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, normativa y trabajo social.

La normativa actual que define el modelo de atención a las personas en situación de dependencia surge a través de la publicación del Libro Blanco de la Dependencia. Esta publicación es uno de los orígenes de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía y atención a las personas en situación de dependencia (LAAD) (8), que generó una importante reestructuración del sistema nacional de servicios sociales en los últimos años (9).

Esta normativa constituye el cuarto pilar del Estado de Bienestar en España, tras el sistema nacional de salud, el sistema educativo y el sistema de pensiones (10). La ley anteriormente citada se inspira en tres principios básicos: la universalidad, equidad y accesibilidad, valores que promulga la Constitución Española (1). La promulgación y puesta en marcha de esta nueva normativa en España supone que se reconozca la incapacidad de la realización autónoma de actividades de la vida (AVD) de forma legal (11). Esta normativa transfiere sus competencias de actuación a las Comunidades Autónomas, quiénes deberán de desarrollar e implementar las diferentes actuaciones a seguir, comenzando por la valoración del grado y nivel de dependencia, hasta la inspección y evaluación de los expedientes (12).

El reconocimiento se efectúa mediante resolución expedida por la administración autonómica correspondiente a la residencia de la persona solicitante, con validez en todo el territorio del Estado (13). La valoración de la situación de dependencia, la prescripción de servicios y prestaciones y la gestión de las prestaciones económicas se efectuarán directamente por las administraciones públicas, no pudiendo ser objeto de delegación, contratación o concierto con entidades privadas (13). El baremo que se utiliza para la valoración de la dependencia se basa en el baremo aprobado en la orden de 29 de abril de 2013 del Boletín Oficial de Aragón (BOA) (14).

A raíz de la creación de la LAAD, se reconoce a los servicios sociales su papel como puerta de entrada al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), pero los recursos personales y materiales puestos en marcha para afrontar esta nueva competencia desde los servicios sociales son insuficientes, y se dedican solo, salvo excepciones afortunadas, al reconocimiento administrativo de la dependencia. Según la configuración de la creación del SAAD, es preciso señalar que es necesario la implicación no solo del Estado, sino también de una red concertada y privada de organizaciones del Tercer Sector.