El coste derivado del cuidado informal en nuestro país, en función de las características sociodemográficas y de la salud de la persona, es de 4.972,72€ para una dependencia leve, y 21.479,15€ para una dependencia grave (11).
Los trabajadores sociales responsables de la elaboración del Programa Individual de Atención (PIA). Cuando el profesional realiza la visita domiciliaria para la elaboración del PIA, la persona en situación de dependencia y/o sus familiares tienen unas expectativas sobre esa visita, por lo que los trabajadores sociales tienen un arduo trabajo para intentar desmontar esas expectativas y montarlas nuevamente (12). La práctica del Trabajo Social se está vinculando a los aspectos administrativos en la gestión de solicitud de reconocimiento del grado de dependencia, así como en la co-elaboración del PIA. En ambos casos, los procedimientos y actuaciones vienen diseñados desde un nivel técnico-político en el que el profesional no tiene margen de acción más allá de limitarse a rellenar los formularios y cuestionarios previamente establecidos.
Estas limitaciones administrativas se reflejan notablemente en el Informe Social y en el PIA, ya que las circunstancias que rodean a la persona en situación de dependencia (vivienda, relaciones sociales, comunidad, estructura y dinámica familiar, debilidades y puntos de apoyo…) pueden quedar incompletas en el diagnóstico técnico.
Estudios en España
En Aragón, según el informe estadístico del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), se registró 43.639 solicitudes, lo que supone el 2,70% del total español. El total de personas beneficiarias con derecho a prestación fue de 24.863: 9.596 en Grado III, 12.228 en Grado II, y 3.39 en Grado I (Informe estadístico del SAAD, octubre 2014).
Del Pozo Rubio, en su estudio observacional transversal aleatorizado realizado en Castilla La Mancha en 2012, partiendo de 2 muestras de 690 individuos que tenían otorgada prestación, bien por dependencia (grupo A) o, prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales (grupo B), con un nivel de confianza del 95% y una precisión del 2,61% para los cálculos sobre España y del 2,64% para los cálculos sobre Castilla La Mancha, obtuvo como resultados que, 8 de cada 10 prestaciones de dependencia asignadas en la muestra corresponden al grupo B. También, que la figura del cuidado informal en la LAAD supone un considerable ahorro económico para ente público y usuario (11).
En el proyecto de investigación realizado por la Trabajadora Social Ortiz Wals en el municipio de Rute (Córdoba) en 2011, unificó dos demandas a los Servicios Sociales de Andalucía. Cuyo objetivo fue hacer una intervención social con personas en riesgo de exclusión social que por su situación individual (discriminación, xenofobia, marginación, violencia de género, etc) se encuentran en situación de desempleo prolongado, no cubriendo así sus necesidades básicas, utilizando como instrumento de intervención el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD). Para finalizar en su estudio, Ortiz Wals concluye que, en una época donde se está cuestionando la propia pertinencia de mantener el sistema de dependencia, este proyecto puede ayudar no sólo a justificarlo, sino, incluso a darle un valor añadido (15).
Metodología
Las bases de datos consultadas fueron Cuiden Plus y Dialnet. La búsqueda bibliográfica se realizó durante los meses de abril y junio de 2016.
También se consultaron libros de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza. Las palabras clave utilizadas para la búsqueda en las bases de datos anteriormente mencionadas fueron: “trabajo social”, “ancianos”, “dependencia”, “geriatría”, “gerontología”, “ley de dependencia”, “ayuda a domicilio”, “trabajador social”, “mujer”, “domicilio”, “apoyo social” “cuidados larga duración”.
Conclusiones
La dependencia es una característica normal de todo individuo que vive en sociedad, suponiendo un riesgo social, pero no toma su carácter definitivo hasta que no se impone la ayuda de otra persona sistemáticamente.
La discapacidad asociada a la vejez es un fenómeno propio de las sociedades generadoras y receptoras de bienestar. Es por ello, en cierta medida, por lo que se le atribuye al Estado la responsabilidad de paliar los efectos adversos del progreso.
La LAAD significa un avance contundente en el reconocimiento fundamental de responsabilidad social ante el fenómeno del envejecimiento, enmarcándose en los servicios sociales y reconociendo la atención a las personas dependientes como un derecho universal, aunque dispone de limitaciones a nivel macroeconómico de España.
A pesar de las elevadas tasas de envejecimiento en España, no existe aún un sistema integrado de atención a la dependencia, para dar cobertura a las necesidades que se derivan de ella, sino que se encuentran ayudas y prestaciones muy dispersas, y puestas en marcha desde los diferentes niveles de las Administraciones Públicas: estatal, autonómica y local, dificultando así la valoración de todos los sistemas de protección y ayuda actualmente existentes.
Bibliografía
1. Isolina Dabove M. Autonomía y atención de las personas mayores en situación de dependencia en España: Una cita entre generaciones. Oñati Socio-Legal Series2011; 8: (1).
2. Crespo Garrido M, López Cumbre L, López López J, López López MT, Sagardoy Bengoechea JA, Spielauer M, et al. Familia y dependencia. Nuevas necesidades, nuevas propuestas. Ediciones Cinca S.A. Madrid, 2005.
3. Organización Mundial de la Salud. Discapacidades. Disponible en: http://www.who.int/topics/disabilities/es/
4. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Base estatal de datos de personas con valoración del grado de discapacidad. Informe a 31/12/2014. Disponible en: http://imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/bdepcd_2014.pdf
5. Instituto Nacional de Estadística. Esperanza de vida. Disponible en: http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259926380048&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios/PYSLayout
6. De la Fuente Y, Sotomayor E. Implantación y aplicabilidad de la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia: una reflexión sobre el contexto de Andalucía. Portularia. Huelva, 2007.
7. Pérez Llamas F. “Prevalencia de desnutrición e influencia de la suplementación nutricional oral sobre el estado nutricional en ancianos institucionalizados”, Nutrición Hospitalaria, 2011. (pag 1135).
8. Boletín Oficial del Estado. Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de dependencia. Última modificación 26 de diciembre de 2013. Nº 299.
9. Heras I. La dependencia a través del SIUSS. Impacto de la Ley de Dependencia en los Servicios Sociales Comunitarios del Excelentísimo Ayuntamiento de Andújar (Jaén). Dialnet, 2009; 45:(137-163).
10. Martorell MA, Jiménez M, Burjalés MD. La Ley de la Dependencia: más allá de la crisis. Ética de los Cuidados 2011; 4 (7). Disponible en http://www.index-f.com/eticuidado/n7/et7751.php
11. Del Pozo R, Escribano F. Impacto económico del cuidado informal tras la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Dialnet, Rev Esp Salud Pública 2012; 4: (86): 381-392.
12. Lima AI, De Frutos MA, Blanco C, Nisa AJ, et al. Trabajo Social en el ámbito de la Ley de Dependencia. Reflexiones y sugerencias. Editorial Gesbiblo, S.L, España, 2010.
13. Sistema para la Autonomía y Atención a la dependencia. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Disponible en: http://www.dependencia.imserso.es/dependencia_01/ciudadanos/trami_solicutud/solicitud_tramitacion/index.htm
14. Boletín Oficial de Aragón. ORDEN de 29 de abril de 2013, del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, de Desarrollo del Servicio de Ayuda a Domicilio y del Servicio de Teleasistencia; nº 111.
15. Ortiz Wals, Virginia; Ferreira Luz, Alfonso. El servicio de Ayuda a Domicilio como instrumento de Intervención Social con colectivos en riesgo de exclusión social. Dialnet, DTS (Revista de trabajo y acción social) 2011; 49: (234-261).