{"id":56758,"date":"2020-07-14T08:28:23","date_gmt":"2020-07-14T06:28:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.revista-portalesmedicos.com\/revista-medica\/?p=56758"},"modified":"2021-07-16T10:22:16","modified_gmt":"2021-07-16T08:22:16","slug":"el-derecho-a-la-proteccion-efectiva-en-el-trabajo-y-covid-19","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.revista-portalesmedicos.com\/revista-medica\/el-derecho-a-la-proteccion-efectiva-en-el-trabajo-y-covid-19\/","title":{"rendered":"El derecho a la protecci\u00f3n efectiva en el trabajo y COVID-19"},"content":{"rendered":"

El derecho a la protecci\u00f3n efectiva en el trabajo y COVID-19<\/strong><\/p>\n

Autor principal: Wamba Daniel Galindo Asurmendi<\/p>\n

Vol. XV; n\u00ba 13; 628<\/p>\n

The right of effective protection at work & COVID-19<\/strong><\/p>\n

Fecha de recepci\u00f3n: 26\/06\/2020<\/p>\n

Fecha de aceptaci\u00f3n: 09\/07\/2020<\/p>\n

Incluido en Revista Electr\u00f3nica de PortalesMedicos.com Volumen XV. N\u00famero 13 \u2013\u00a0 Primera quincena de Julio de 2020 – P\u00e1gina inicial: Vol. XV; n\u00ba 13; 628<\/p>\n

Autores:<\/strong><\/p>\n

Wamba Daniel Galindo Asurmendi, Graduado en Ciencia y Tecnolog\u00eda de los Alimentos, Experto Universitario en normativa de protecci\u00f3n de datos en el \u00e1mbito sanitario.<\/p>\n

V\u00edctor Pelegr\u00edn Hernando, Ingeniero T\u00e9cnico en Inform\u00e1tica de Sistemas.<\/p>\n

Eva Pelegr\u00edn Hernando, Graduada en Enfermer\u00eda.<\/p>\n

Hospital Universitario Miguel Servet; Zaragoza; Espa\u00f1a.<\/p>\n

Resumen<\/strong><\/p>\n

Desde principios del a\u00f1o 2020, hemos visto colapsar el sistema sanitario de nuestro pa\u00eds por la alta demanda ocasionada por la pandemia de COVID-19; d\u00e1ndose situaciones de escasez de camas en r\u00e9gimen de internamiento (en planta); falta de camas de UCI; falta de respiradores en las UCIs; falta de profesionales debido al alto n\u00famero de contagios entre personal sanitario y no sanitario en nuestros hospitales que han derivado en un alto porcentaje de profesionales en situaci\u00f3n de incapacidad temporal. En algunos casos, incluso se ha producido el fallecimiento de estos profesionales. Asimismo, ha existido una situaci\u00f3n global de desabastecimiento de equipos de protecci\u00f3n individual (EPIs); lo cual ha condicionado la forma en que se combat\u00eda la emergencia y ha podido tener una gran influencia en las estad\u00edsticas que ahora se manejan.<\/p>\n

Palabras Clave<\/strong><\/p>\n

Protecci\u00f3n, trabajo. COVID-19, Derecho.<\/p>\n

Abstract<\/strong><\/p>\n

Since the beginning of the year 2020, we have seen our country’s health system collapse due to the high demand caused by the COVID-19 pandemic; giving situations of shortage of beds in internment; lack of ICU beds; lack of ventilators in the ICU; lack of professionals due to the high number of infections between health and non-health personnel in our hospitals, which have led to a high percentage of professionals in a situation of temporary disability. In some cases, the death of these professionals has even occurred. Likewise, there has been a global situation of shortages of personal protective equipment (PPE); This has conditioned the way in which the emergency is fought and has had a great influence on the statistics that are now managed.<\/p>\n

Keywords<\/strong><\/p>\n

Protection; work; COVID-19; right.<\/p>\n

INTRODUCCI\u00d3N<\/strong><\/p>\n

La situaci\u00f3n generada por el COVID-19 ha puesto en jaque el normal funcionamiento de la auto-denominada \u201cmejor sanidad p\u00fablica del mundo\u201d. Los altos niveles de satisfacci\u00f3n de la poblaci\u00f3n con el sistema y la eficiencia del mismo se ha visto afectada por el inusual y vertiginosamente exponencial incremento en la demanda asistencial; que ha superado las capacidades de respuesta del sistema. Falta de camas en r\u00e9gimen de internamiento, falta de camas UCI, falta de respiradores, carest\u00eda de ciertos grupos farmacol\u00f3gicos, ausencia de determinados colectivos de profesionales sanitarios (que ha requerido la contrataci\u00f3n de personas que todav\u00eda se encontraban en periodo formativo). No solo eso si no que, adem\u00e1s, el conjunto de los servicios p\u00fablicos de salud de todas las Comunidades Aut\u00f3nomas y el Instituto Nacional de Gesti\u00f3n Sanitaria (INGESA) y, asimismo, el Ministerio de Sanidad, por diversas razones, han sido incapaces de dar una respuesta suficiente en relaci\u00f3n con el suministro de equipos de protecci\u00f3n individual (EPIs), as\u00ed como han existido problemas tambi\u00e9n con el suministro de determinados productos farmac\u00e9uticos.<\/p>\n

EL DERECHO A LA PROTECCI\u00d3N DE LOS TRABAJADORES<\/p>\n

La Constituci\u00f3n (CE en adelante) asevera en su art\u00edculo 40.2 que los poderes p\u00fablicos fomentar\u00e1n una pol\u00edtica que garantice la formaci\u00f3n y readaptaci\u00f3n profesionales; velar\u00e1n por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizar\u00e1n el descanso necesario, mediante la limitaci\u00f3n de la jornada laboral, las vacaciones peri\u00f3dicas retribuidas y la promoci\u00f3n de centros adecuados. De tal mandato constitucional subsume la aprobaci\u00f3n de la Ley 31\/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci\u00f3n de Riesgos Laborales (LPRL en adelante). Dicha norma incluye en su \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n efectiva tanto a trabajadores de la esfera privada como de la esfera p\u00fablica; esto es, el personal estatutario de los servicios de salud encuadrados en el marco de la Ley 55\/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los servicios de salud. Como tal, todos los preceptos descritos a lo largo del articulado de la LPRL les son de total y directa aplicaci\u00f3n, sin excepciones. Sin ser siquiera la situaci\u00f3n de emergencia provocada por la pandemia por el COVID-19 excepci\u00f3n jur\u00eddica a dicha regla.<\/p>\n

La falta de desabastecimiento no puede ser \u00f3bice para que los profesionales sanitarios ejerzan su labor en situaciones que puedan -y pueden- suponer un riesgo para su vida. Y, no en pocas ocasiones, esto es lo que han hecho. A t\u00edtulo propio, por su vocaci\u00f3n de servicio p\u00fablico al ciudadano. Se han expuesto, se han sobre-expuesto y, algunos, han terminado enfermos o muertos. Es por ello que desde diversas agrupaciones sindicales de todo el pa\u00eds se han dirigido en primera instancia requerimientos a los responsables de la gesti\u00f3n de cada servicio de salud para que realizasen una adecuada provisi\u00f3n de equipos de protecci\u00f3n individual. Ante la continuidad de las situaciones de desabastecimiento se han sucedido las demandas ante instancias, ahora ya, judiciales; solicit\u00e1ndose en muchos casos medidas cautelar\u00edsimas de suministro inmediato. Pese a las iniciales trabas judiciales debido a los formalismos (necesidad de reclamaci\u00f3n previa a las Administraciones, antes de poder interponer un recurso contencioso-administrativo) se han comenzado a reconocer en sentencias las demandas realizadas desde las agrupaciones de profesionales sanitarios.<\/p>\n

Finalmente, no cautelar\u00edsimas pero s\u00ed medidas cautelares han sido aceptadas por parte de las instancias judiciales y, sin imponer costas a ninguna de las partes, se ha conminado a las Administraciones sanitarias denunciadas a dotar a sus respectivos profesionales de los preceptivos equipos de protecci\u00f3n individual (EPIs).<\/p>\n

Lo cierto es que la normativa en materia de protecci\u00f3n de riesgos laborales permite que los trabajadores abandonen su lugar de trabajo en caso de riesgo grave para su vida -art\u00edculo 21 LPRL- sin temor a represalias sancionadoras en v\u00eda administrativa o penal. Pero el valor de los profesionales para permanecer en su puesto de trabajo pese a la situaci\u00f3n de desamparo no debe confundirse con una renuncia expresa a su derecho a una protecci\u00f3n efectiva. Tampoco puede entenderse cierto rumor que circulaba entre diversos grupos de profesionales que afirmaban la obligatoriedad de cumplir con el servicio a pesar de la situaci\u00f3n de desabastecimiento puesto que exist\u00eda una situaci\u00f3n de estado de alarma y el C\u00f3digo Penal establece en su art\u00edculo 556 el castigo con la pena de prisi\u00f3n de tres meses a un a\u00f1o o multa de seis a dieciocho meses, los que, sin estar comprendidos en el art\u00edculo 550, resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada.<\/p>\n

No olvidemos que este precepto no solo puede colisionar con lo descrito ex T\u00edtulo XV del C\u00f3digo Penal, de los delitos contra los derechos de los trabajadores. As\u00ed se dispone en el art\u00edculo 316; los que con infracci\u00f3n de las normas de prevenci\u00f3n de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempe\u00f1en su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan as\u00ed en peligro grave su vida, salud o integridad f\u00edsica, ser\u00e1n castigados con las penas de prisi\u00f3n de seis meses a tres a\u00f1os y multa de seis a doce meses. Igualmente, conforme al art\u00edculo 317, aunque se castigue con la pena inferior en grado, tambi\u00e9n ser\u00e1 castigado el supuesto de imprudencia grave al respecto de lo dispuesto en el art\u00edculo 316. Finalmente, en el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo Penal se dispone que, cuando los hechos previstos en los art\u00edculos del T\u00edtulo XV se atribuyeran a personas jur\u00eddicas, se impondr\u00e1 la pena se\u00f1alada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conoci\u00e9ndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptados medidas para ello.<\/p>\n

De modo que no puede hablarse de colisi\u00f3n entre preferencia jer\u00e1rquica entre lo dispuesto en los art\u00edculos 550 y siguientes del C\u00f3digo Penal y los dictados del T\u00edtulo XV sino de un respeto del estado de alarma supeditado a la protecci\u00f3n de la salud e integridad de los profesionales sanitarios. Es por ello que no cabr\u00eda, jur\u00eddicamente, tomar ning\u00fan tipo de represalia contra los mismos por negarse a realizar una atenci\u00f3n sanitaria sin el pertinente equipo de protecci\u00f3n individual (EPIs). Y lo cierto es que en rara ocasi\u00f3n \u00e9stos se han negado; quiz\u00e1s en casos de extrema gravedad, como es l\u00f3gico.<\/p>\n

Es por ello que, conforme al C\u00f3digo Penal espa\u00f1ol puede ser el momento de exigir y depurar las responsabilidades devengadas durante la gesti\u00f3n de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19. Pero no solamente es momento para tales exigencias; el descenso en la gravedad de la situaci\u00f3n (hasta que vuelvan a darse rebrotes o potenciales mutaciones en oto\u00f1o-invierno) es el marco propicio para que se tome conciencia de la necesidad de realizar cambios normativos, dotando al sistema de una mayor capacidad de respuesta sanitaria y pueda evitarse un nuevo colapso; asimismo, precisamos de un sistema m\u00e1s r\u00e1pido y eficiente de aprovisionamiento de suministros en materia de protecci\u00f3n y medicamentos para, en definitiva, agilizar y racionalizar los procedimientos de contrataci\u00f3n p\u00fablica; por ejemplo, en la forma de una central de compras de ratio estatal; en la misma l\u00ednea que los servicios de salud ya han comenzado a centralizar las compras y el almacenamiento en cada Comunidad Aut\u00f3noma.<\/p>\n

CONCLUSIONES<\/strong><\/p>\n

El sistema se ha visto cautivo de s\u00ed mismo en una situaci\u00f3n de emergencia de alto estr\u00e9s asistencial. La existencia de 17 servicios de salud diferentes, dirigidos por 17 Comunidades Aut\u00f3nomas y coordinados por un Ministerio de Sanidad parecen no haber sido capaces de responder a la demanda generada. La ausencia de un marco normativo relativo a la gesti\u00f3n de emergencias, o incluso de planes de contingencia al respecto han empeorado la ya de por s\u00ed dram\u00e1tica situaci\u00f3n. Las barreras burocr\u00e1ticas a las que se enfrentan nuestros gestores p\u00fablicos, especialmente las relacionadas con la normativa en contrataci\u00f3n p\u00fablica y la ausencia de un sistema de racionalizaci\u00f3n t\u00e9cnica de las licitaciones p\u00fablicas, han producido numerosas y bochornosas situaciones de falta de abastecimiento en los centros sanitarios, con el consiguiente riesgo para los\u00a0 profesionales de la sanidad, que han desembocado en no pocas situaciones de tensi\u00f3n, adem\u00e1s del evidente riesgo para la salud de los mismos. Adem\u00e1s, se han pagado precios exorbitantes.<\/p>\n

Es quiz\u00e1s momento de repensar nuestro sistema productivo a escala nacional ya que carecemos del tejido productivo para abastecernos ante situaciones futuras similares, carecemos de un sistema de gesti\u00f3n de emergencias eficiente, carecemos de un aparato normativo que pueda dar satisfacci\u00f3n a las medidas coercitivas necesarias para detener la expansi\u00f3n de enfermedades y, por supuesto, carecemos de las medidas necesarias para una efectiva coordinaci\u00f3n interregional en materia de centralizaci\u00f3n de la contrataci\u00f3n p\u00fablica que pueda asegurar una adecuada dotaci\u00f3n de equipos de protecci\u00f3n individual (EPIs) y medicamentos.<\/p>\n

Las numerosas sentencias que se han ido sucediendo exigiendo el cumplimiento de las responsabilidades de la Administraci\u00f3n p\u00fablica en materia de provisi\u00f3n de EPIs son el m\u00e1s claro reflejo de la situaci\u00f3n vivida y, no solo expresan una gesti\u00f3n deficiente por parte de la Administraci\u00f3n sino que son una clara expresi\u00f3n del descontento por parte de quienes representan la calidad de nuestra atenci\u00f3n sanitaria y toda una declaraci\u00f3n de intenciones para quienes en un futuro pueden tener que enfrentarse a nuevos retos sanitarios.<\/p>\n

Finalmente, no podemos terminar el asunto sin recordar el ingente coste para la tesorer\u00eda p\u00fablica que supone la imposici\u00f3n de costas judiciales, los costes indemnizatorios o la devoluci\u00f3n de multas y, en definitiva, cualquier otro tipo de disposici\u00f3n dineraria que las Administraciones p\u00fablicas deben sufragar anualmente y que se imponen desde instancias judiciales. Un brindis al Sol que anualmente precisa que tales devengos sean incluidos en las partidas presupuestarias de los estados de gastos de nuestras Administraciones. Ello es debido a muchos y muy diversos incumplimientos de car\u00e1cter estructural que, a\u00f1o tras a\u00f1o, incurren nuestras Administraciones. Y para ello no existe otra soluci\u00f3n que re-pensar y planificar c\u00f3mo queremos que sea en el futuro la protecci\u00f3n de nuestro personal sanitario y del efecto que esto puede tener en nuestros administrados; nuestros pacientes y usuarios en el caso de la sanidad.<\/p>\n

BIBLIOGRAF\u00cdA<\/strong><\/p>\n