ellos siguen el modelo Bismark, el cual responde al modelo de seguridad social y los otros dos, Finlandia y Noruega, responden al sistema de salud tipo Beveridge.
En el primer grupo, suelen responder a una mayor cobertura, elección de los servicios a la vez que más copagos. En el segundo grupo, la cobertura suele ser amplia, pero con una gran carga de impuestos y copagos, aunque vinculados por lo general al nivel de renta. En ningún país se equipara acceso universal con gratuidad absoluta en el momento de utilizar los servicios. En los países del sur europeo encontramos menos copagos pero más prestaciones no cubiertas por los sistemas sanitarios. Este es el caso de España donde para situaciones como las generadas de la salud bucal o podal, los gastos corren a nivel privado. En estos casos, probablemente la sociedad preferiría tener a su disposición estos servicios aunque para ello tuvieran que pagar un copago, no sería la opinión de los profesionales que se dedican a este sector, ya que no tendrían tal negocio….
En relación a los copagos, hay estudios que recomiendan cambios al respecto, como:
– la modificación del diseño del copago farmacéutico, donde no existan diferencias entre la sociedad activa y la pensionada. Y donde de igual manera se incluyan los fármacos administrados en el ámbito hospitalario de dispensación ambulatoria.
– la introducción de un copago fijo en las visitas y en las urgencias.
– la introducción de tasas por servicios complementarios cubiertos y precios públicos por prestaciones actualmente no cubiertas.
– la modulación de los copagos en función de criterios clínicos y de coste efectividad con copagos evitables siempre que sea posible.
– la implementación de mecanismos protectores hacia los grupos sociales más débiles económicamente y más enfermos. El copago y otras formas de contribución no deben empobrecer, por lo cual el límite debería suponer un porcentaje reducido de la renta familiar (Rodríguez, 2012).
En concordancia a lo anterior expuesto, hay estudios que opinan que copagos mal aplicados podrían ocasionar problemas si no se establecen límites o techos máximos y crear una reacción adversa a la esperada, pudiendo constituir un impuesto sobre los más enfermos. Debiendo ser vinculado al nivel de la renta, pudiendo llegar a ser exento del mismo en algunos casos (de lo cual podrían beneficiarse y seguir abusando del sistema aquel grupo de la sociedad que no realice una declaración de la renta clara y transparente y que se beneficie de los servicios ofertados para un sector al que realmente no pertenecen…).
No obstante, si esto no se vinculara al nivel de la renta, sería muy discriminativo para aquellas personas que realmente no pudieran permitírselo económicamente, creando una sanidad pública para ricos, al igual que la privada.
Si afectan sólo a un tipo de bienes o a un nivel asistencial, se corre el riesgo de que se produzcan desviaciones del consumo hacia aquellos bienes no afectados, y el coste termine por ser mayor.
En la línea de lo ya expuesto, si no se protege a los pobres y los más enfermos, puede haber un efecto de compensación y llegar a generar más gasto del que se ahorra debido al empeoramiento de la salud de los enfermos más graves.
Es por este motivo que el debate sobre el copago no debe ser planteado entre el sí y el no, sino poder adaptarse a cada situación.
Las causas de este escaso gasto público sanitario son predominantemente políticas: el gran dominio que las fuerzas conservadoras han tenido sobre el estado español a lo largo de su historia, característica que comparte con Grecia y Portugal, los países que tienen también un gran retraso en su gasto público social (Navarro, 2012).
A favor del copago se ha encontrado otro estudio interesante, (nombrado de manera repetida en reflexiones sobre este tema) que concluye que aquellos usuarios enfermos toman más conciencia del gasto y adquieren una mayor responsabilidad, valorando de esta manera más los servicios que están a su disposición y haciendo un uso de los mismos de una forma más moderada. Por otro lado esta teoría se enfrenta a lo siguiente:
1.- que el abuso del sistema sanitario no es un dato claramente constatable, a pesar de tener unas visitas médicas bastante altas si las comparamos con el resto de Europa.
2.- estas visitas son válidas a nivel de prevención y seguimiento, ofreciendo una mejor calidad de vida mediante la educación para la salud que reciben.
3.- no necesariamente es responsabilidad del usuario el consumo excesivo de los servicios de salud ya que en muchas ocasiones son motivados por su médico de familia (Benach, 2012).
Un artículo que me ha parecido muy interesante al respecto es un estudio cualitativo del personal de un servicio de urgencias de un hospital de Toledo, el cual refieren tener mucha saturación en el mismo y que a nivel general, en sus conclusiones refieren estar a favor de un copago para este tipo de servicios. Refiriéndose a tres puntos principales en el buen funcionamiento de este tipo de servicios: el control de la asistencia, la eficacia-eficiencia del servicio y de los servicios prestados en el mismo y el flujo de salida de pacientes desde él. En conclusión opinan que nadie está exento de los problemas que se puedan ocasionar en la puerta de urgencias e un gran hospital: los políticos, los gestores, los profesionales de la salud, los usuarios,… todos tienen que trabajar conjuntamente desde un punto de vista responsable para un buen uno y no abuso de los servicios. Y de esta manera conseguir armonía entre la oferta y la demanda. Apoyan un copago que no sea perjudicial para las personas que realmente necesiten de este servicio pero que sí sirva de barrera para aquellas