En aras de favorecer al buen rumbo del Medio Ambiente, se precisa aplicar una nueva forma de desarrollo agrícola, con técnicas innovadoras que garanticen la justicia, la resiliencia y que avalen el ejercicio del derecho a la alimentación, así como la lucha contra la malnutrición. Todo ello debe respaldarse en la convergencia entre políticas pues la alimentación y la sostenibilidad son temas multidimensionales y transversales, con intereses económicos, gubernamentales y sociales (Prosalus y Sin Fronteras, 2010, p. 43). En este sentido, la agroecología se establece como principio ecológico optimizador de nuevos sistemas, donde se suprimen los procesos tradicionales en favor de otros centrados en la fertilidad del suelo y los controles biológicos de las plantas, los animales y los ecosistemas, ya que en el mundo es posible producir suficiente alimento como para abastecer a la población de manera respetuosa con el medioambiente (Altieri y Nicholls, 2012, p.66).
Este enfoque científico trata de “vincular los procesos socio-ecológicos en finca con aquellos que se dan en escalas globales” (López et al. 2018, p.19), y debe ser valorado por los generadores de políticas públicas, que están más centrados en la reducción del desperdicio de alimentos, o el fomento del reciclaje, ya que está científicamente demostrado y cuantificado que el mayor impacto ambiental se produce en las fases de producción y distribución de alimentos.
En la búsqueda del equilibrio entre el derecho a la alimentación nutritiva y la protección de los recursos naturales -y teniendo en cuenta los ODS- la FAO desarrolla cinco puntos
clave en su Visión común para la agricultura y alimentación sostenibles (FAO 2015, pp.18-30):
- Mejor aprovechamiento de los recursos:
El planeta cuenta con recursos limitados para satisfacer las necesidades ilimitadas de su población, lo cual ha supuesto un problema que la economía intenta resolver desde tiempos inmemorables.
La mejora de la eficacia en el uso y disfrute de los recursos es fundamental para ir hacia un modelo de agricultura sostenible.
El aumento de la productividad en el sector agrario ya no solo consiste en producir más a menor precio. Se trata incrementar la eficiencia de otros factores como la sostenibilidad de los métodos productivos, el cuidado por el ecosistema y la aplicación de las nuevas tecnologías, las energías renovables y la utilización de fertilizantes.
- Conservación y protección de los recursos y su mejora:
La producción sostenible va ligada al cuidado de la propia naturaleza y sus recursos. El mantenimiento de la diversidad genética agrícola, como las semillas y plantas, además de los animales de granja es fundamental para alcanzar este tipo de modelo sostenible y seguro.
Los esfuerzos deben centrarse en reducir los impactos negativos en el medio ambiente y no sólo en establecer medidas de integración positiva.
- Mejora de los medios de vida rurales, equidad y bienestar social:
Más de 2500 millones de personas viven en el medio rural, donde la pobreza se hace más presente que en las ciudades.
Los empleos asociados a la agricultura se consideran actividades peligrosas, por eso es imprescindible lograr la seguridad que ofrecen los modelos de agricultura sostenible, encajada en un entorno económico fuerte y saneado.
- La agricultura sostenible debe aumentar la resiliencia de las personas, las comunidades y los
El entorno tecnológico, meteorológico y económico en el que se encuadra el sector agrario, no es favorable si no se realiza un reajuste en base a la sostenibilidad.
Se debe aprovechar el avance en otros campos para que el impacto de la globalización se torne positivo.
- Una alimentación y una agricultura sostenibles necesitan mecanismos de gobernanza responsables y
La sostenibilidad deberá ir de la mano de una gobernanza transparente, justa y eficaz, que logre unir los esfuerzos del sector público y del privado, a favor de un proyecto común y favorable para ambos.
En el contexto internacional, la Unión Europea desde la Comisión, se compromete a implementar la Agenda 2030 en dos líneas de trabajo: En primera instancia la integración
de los ODS en las políticas de la UE y más adelante, reflexionar sobre la orientación a largo plazo de las políticas sectoriales (Comisión Europea, 2016).
Cabe destacar que en la Unión Europea existe mayor preocupación ciudadana sobre materias de seguridad alimentaria que en otras regiones del mundo. Esto se refleja en el aumento de la demanda de productos orgánicos por parte de los consumidores que, a su vez, exigen cambios en los sistemas alimentarios y de control (Todt y Plaza, 2005).
En España, han surgido plataformas online de gran acogida, como Alianza por el Clima (2016), que promueve una petición a nivel estatal para aprobar una ley de transición energética y adaptación al cambio climático que cuente con un presupuesto proporcionado para llevar a cabo las prácticas de sostenibilidad convenientes. La plataforma engloba a más de 400 organizaciones nacionales de cooperación al desarrollo. Sostiene que las medidas que debe aplicar una buena política de adaptación al cambio climático han de ser coherentes con las prácticas de seguridad alimentaria y enumera las siguientes pautas (Alianza por el Clima, 2016):
- Establecer un marco legal que reconozca la alimentación como un derecho, en el cual se puedan basar distintas políticas de soberanía
- Garantizar a las sociedades rurales, que viven de la pesca y el campo, el derecho a la tierra y a los bienes
- Fomentar el I+D+i en el ámbito del desarrollo sostenible tanto en la agricultura como en los procesos de producción de alimentos de consumo, desarrollando una regulación que avale la seguridad tanto a nivel nacional como
Por su parte, también se debe aplicar estrictamente la normativa orientada a detener la especulación de materias primas en los mercados.
- Fomentar la inversión agrícola
El motivo de establecer una ley a nivel nacional sobre lo anterior es servir de orientación para ejecutar otras políticas de diferentes ámbitos y dimensiones, generando una cooperación y transversalidad a la hora de actuar, así como reconocer las externalidades positivas que producen ciertas prácticas de medidas sostenibles en los procesos agrícolas, creando valor añadido para el sector (Alianza por el Clima, 2016).
El Ministerio de Asuntos Exteriores incluye esta ley en su Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030, mostrando su compromiso de convertir los ODS en una realidad y reconociendo la importancia de su integridad “al afectar a todos los niveles de gobierno: regional, nacional, subnacional y local” (Gobierno de España, 2018, p.118). Pero en un estado con las características de España, donde gran parte de las competencias están descentralizadas, sólo puede avanzarse si se tienen en cuenta a las comunidades autónomas y los gobiernos locales, trasladando su preocupación a la ciudadanía, pues la suma de acciones individuales puede generar grandes cambios en el contexto internacional. Un ejemplo de ello se representa en el Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán, que se desarrolla a continuación.
4. PACTO DE POLÍTICA ALIMENTARIA URBANA DE MILÁN
Ante la acuciante necesidad de desarrollar nuevos sistemas de producción y consumo en el marco de la alimentación a nivel mundial, surge en 2014 en Milán la propuesta de establecer un protocolo internacional sobre política alimentaria que se desarrolle a nivel municipal. La idea de redactar un protocolo que sirviera de orientación para las ciudades surgió del entonces alcalde de Milán Sr. Giuliano Pisapia, con la intención de que participara la mayor cantidad de urbes del mundo posibles.
Con motivo de la celebración de la Expo Milán 2015 se organizó un certamen a nivel mundial bajo el lema “Alimentar al Planeta, Energía para la Vida”. Allí se llevó a cabo un debate sobre cómo alcanzar la alimentación sostenible en el mundo, desde ámbitos de actuación locales, considerando las políticas o prácticas que ello requiere en materia de salud, educación y desarrollo sostenible.
Es entonces cuando se pone en marcha el Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán, con el apoyo técnico de la FAO en toda su elaboración.
El texto se presentó a Ban Ki-Moon, Secretario General de las Naciones Unidas, el 16 de octubre de 2015 y en 2016, una vez firmado, se celebró en Roma la Cumbre de los Alcaldes, coincidiendo con el Día Mundial de la Alimentación, donde se resaltó la importancia de las ciudades como motores para la sostenibilidad del planeta, pues “los gobiernos municipales tienen un papel importante que desempeñar en nuestra búsqueda mundial del desarrollo sostenible” tal y como afirmaba José Graziano da Silva, Director General de la FAO en 2016.
En 2017 Valencia fue la encargada de acoger a alrededor de 400 delegados de 50 países que se reunieron con el objetivo de avanzar en su compromiso por una alimentación mas sana, sostenible y equilibrada. Es en ese mismo año cuando Oviedo pasa a formar parte del protocolo, al firmar su adhesión en el mes de octubre (Fernández, Sanz y Nevado, 2018, p.38).
El Pacto tiene carácter voluntario, es decir, las ciudades que lo firmaron (Anexo 1) se comprometen a cumplir todos o varios de los apartados expuestos, con legitimidad para adaptarlos a sus territorios particulares (Milan Urban Food Policy Pact, 2015).
En el marco teórico entorno al que se articuló el protocolo, se tuvo en cuenta que las ciudades juegan un papel fundamental a la hora de llevar a cabo los ODS y los procesos internacionales de la Agenda 2030, para poner freno al cambio climático y retomar las cuestiones de seguridad alimentaria en vistas de conseguir reducir la malnutrición mediante sistemas alimentarios más sostenibles (MUFPP, 2015).
Los principales aspectos que enuncia el documento son:
- Trabajar en un marco de acción para desarrollar sistemas alimentarios sostenibles, inclusivos, resilientes y de máxima seguridad garantes del derecho a la alimentación.
- Fomentar la inclusión de cuestiones relativas a la política alimentaria urbana en los programas de las ciudades, favoreciendo la coherencia entre los sectores y departamentos
- Conciliación de políticas locales
- Involucrar a todos los actores políticos que intervengan en el sistema alimentario, hacerlos conocedores y partícipes
- Adaptar las políticas sobre sistemas alimentarios ya existentes a nivel urbano y llevarlas a la perspectiva agroecológica.
- Seguir un Marco de Acción que haga posible instaurar un modelo alimentario sostenible que sirva de ejemplo para otras
- Promover la adhesión de otras
Para el posterior control y análisis de lo establecido en esos puntos, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Nutrición ha colaborado con las ciudades adscritas al Pacto en la redacción de los 44 indicadores que permiten evaluar la presencia, la implicación y la relevancia de múltiples mecanismos e instrumentos de política de seguridad alimentaria. También ayudan a identificar campos de mejora.
Se dividen en seis áreas de actuación:
- Preparar un contexto favorable para una acción eficaz
En este apartado se propone que los organismos implicados colaboren entre sí, promoviendo la participación y el diálogo para desarrollar estrategias comunes en materia de política alimentaria, así como mejoras en la resiliencia de los sistemas alimentarios urbanos, por medio una “estrategia de reducción del riesgo de catástrofes” para reducir las crisis prolongadas y la inseguridad alimentaria.
Además del desarrollo estratégico, se menciona revisar las políticas ya existentes, para “armonizar y consolidar los reglamentos municipales; desarrollar capacidades estratégicas a favor de un sistema alimentario más sostenible, justo y saludable, equilibrando los intereses urbanos y rurales” (Milan Urban Food Policy Pact, 2015).
- Promoción de dietas sostenibles y nutrición
El Pacto propone el establecimiento de programas y directrices, así como el estudio de los instrumentos normativos y voluntarios que se pueden aplicar con el objetivo de promover dietas sostenibles implicando a organismos públicos y privados, con el uso de políticas de comercialización, publicidad y etiquetado de productos. Operando siempre con sectores de la salud y de la alimentación, desde las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
La Fundación Española del Corazón (2019) sostiene que los conocimientos sobre seguridad alimentaria pueden evitar intoxicaciones y otros problemas que alteren la salud de los ciudadanos, como enfermedades cardiovasculares. El riesgo relativo de muerte cardiovascular se puede reducir hasta un 35% con una buena alimentación.
La inclusión de hábitos de vida saludables en la población es una de las metas del pacto, además de lograr un compromiso para el acceso universal al agua potable.
- Asegurar la equidad social y económica
En este aspecto se establecen pautas para conseguir la equidad social y económica mediante el suministro de alimentos y de recursos económicos a los bancos de alimentos y a los comedores sociales.
Se persigue el empleo decente mediante retribuciones justas y mejoras en las condiciones laborales, así como apoyar iniciativas solidarias y sociales que fomenten hábitos sostenibles en materia alimentaria en todos los segmentos de la sociedad, sobre todo en aquellos en riesgo de exclusión social o marginados.
La educación juega un papel importante, y así lo precisa el propio acuerdo en la acción recomendada 19: “Promover la educación, la capacitación y la investigación participativas, para reforzar la acción local destinada a aumentar la justicia social y económica., promover enfoques basados en los derechos, reducir la pobreza y favorecer el acceso a alimentos adecuados y nutritivos” (MUFPP, 2015).
- Promoción de la producción alimentaria
Se centra en seis recomendaciones cuyo objetivo es enfocar los sistemas productivos a la perspectiva sostenible. Para ello se propone “adoptar un enfoque ecosistémico para orientar una planificación holística e integrada del uso del territorio, en cooperación entre las autoridades urbanas y rurales y otros entes para el manejo de los recursos naturales”. Todo ello con el objetivo de reducir riesgos, aumentar la producción agroecológica, adaptarse al cambio climático y proteger la biodiversidad (Milan Urban Food Policy Pact, 2015).
Se enfatiza en apoyar a las cadenas de suministro cortas, la mejora de la gestión y la reutilización de las aguas residuales y la promoción de coherencia entre ciudades y medio rural en cuanto a producción y consumo, en vistas a potenciar el enfoque sostenible de agricultura.
- Mejora del abastecimiento y distribución alimentaria
Consiste en revisar las políticas públicas centradas en abastecimiento y mejorar las infraestructuras de los sistemas de mercado.
Es necesario invertir en tecnologías para conectar el medio rural con las urbes, a fin de garantizar el acceso a productos frescos y de temporada para mejorar la seguridad alimentaria, que será evaluada por los sistemas de control alimentario (también propuestos para mejorar y revisar).
En este punto se incide en la necesidad de tener en cuenta la contribución del sistema informal en los regímenes alimentarios de las ciudades para brindar apoyo y formación (MUFPP, 2015).
- Limitar desperdicios de alimentos