población se duplico el número de camas de hospital disponible se redujo 2.6 veces. Además, el sistema público de salud esta segmentado en varios subsistemas de atención y servicios no articulados, que suman un total de más de 4.700 establecimientos, entre ellos cuentan el del Ministerio de Salud comprende 4.605 ambulatorios y 213 hospitales, el Instituto de Seguridad Social (IVSS), dependiente del Ministerio de Trabajo, a 79 ambulatorios y 31 hospitales, siendo autónomo para el ejercicio de sus funciones de financiamiento, aseguramiento en salud y provisión de atención, el de las Fuerzas Armadas (Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas), con 21 ambulatorios y 13 hospitales, el Instituto de Previsión de Asistencia Social del Ministerio de Educación (IPASME), que tiene 56 ambulatorios; el de los gobernadores y alcaldías autónomas, el de las grandes empresas, como PDVSA (Petróleos de Venezuela, SA) con 3 hospitales y 3 ambulatorios.
De este modo y partiendo del principio de que la Salud Pública se encarga de la protección de la salud de la población humana es de vital importancia analizar la atención a la salud en las situaciones de desastres naturales, epidemias, endemias, guerras y conflictos políticos. Los fenómenos naturales han expuesto al hombre a grandes peligros, causando la alteración de su ambiente en el ámbito internacional La noción de «Gestión del Riesgo» ha tenido un recorrido histórico y polémico a nivel mundial. Aún en la actualidad no existe un consenso. Entre otras cosas, porque este concepto no es del dominio de un sólo ámbito disciplinario. En este sentido, el concepto y la definición que se sostiene en este documento han tenido un desarrollo de varias décadas.
Durante la década de los 70 se utilizaba el término «desastre» como símil de «emergencias» y en este contexto se entendía a los primeros como eventos inevitables de origen natural a los que inesperadamente había que atender. Este enfoque «emergencista» establecía una diferencia entre la preparación y atención de emergencias. Posteriormente es introducida por las Naciones Unidas la noción de prevención, enfatizando en la preparación antes de los desastres y la reducción de la ocurrencia de eventos. Por otra parte, a partir de los años 90 se revisa en el escenario mundial lo relacionado con las emergencias de conflictos humanitarios causados por hambrunas, guerras, conflictos étnicos, atentados terroristas en África, América, Europa y Asia; por lo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) promueve la reducción de desastres como parte de las estrategias para el desarrollo sostenible.
Desde esta orientación se establecieron dos premisas: la introducción del desarrollo sustentable como un factor determinante para la mitigación de desastres y los derechos humanos como prioritario en el momento de la intervención en eventos de esta naturaleza. (UNICEF Venezuela, 2005). Fue así que la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró los años 90 como el «Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales», con el fin de promover la mitigación de los riesgos mediante la incorporación de la prevención de los desastres en el desarrollo económico y social en todas las naciones del mundo. Para el año 2000, la Estrategia Internacional de Reducción de Desastre (EIRD) de las Naciones Unidas nace en contraposición a la postura convencional que limitaba la reducción de desastres en las actividades de atención a las emergencias y la dirección fiscalista en el análisis de riesgos.
Desde esta panorámica se promueve la toma de decisiones colectivas sobre los niveles y formas de riesgo que una sociedad puede asumir como aceptables en un período determinado. Es decir, que no sólo se limita a la implementación de acciones, en la ocurrencia de un desastre sino que también se integra a la «Gestión Integral del Riesgo» como un mecanismo cotidiano que permite prevenir la ocurrencia de situaciones indeseables, pero principalmente apuntando a la búsqueda del bienestar colectivo por medio de una planificación. Por otro lado, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2004) señala que «aproximadamente el 75% de la población mundial vive en zonas que han sido azotadas, al menos una vez entre los años 1980 y 2000, por un terremoto, ciclón tropical, inundación o sequía».
Durante el año 2000, se evidenció que para cumplir con las Metas del Milenio promovidas por la ONU, era fundamental desde las políticas gubernamentales de los Estados del mundo, la implementación del nuevo enfoque de la Gestión Integral del Riesgo, con el fin de hacer posible la participación y la organización para fomentar las alianzas entre los distintos actores sociales con corresponsabilidad, diálogo intercultural e intergeneracional, perspectiva de género, reducción de pobreza y mitigación de los eventos adversos naturales y antrópicos.
En la última década (2000-2010), los países del mundo se han centrado en una agenda amplia en cuanto a: plataformas nacionales e internacionales de reducción de riesgos y desastres, cambio climático, desarrollo, educación, comunicación, ámbito urbano, escuelas seguras, salud, hospitales seguros, agua y saneamiento, desarrollo de la Gestión Integral del Riesgo en comunidades locales, gobernabilidad, gestión de información y conocimientos, entre otros. Hoy en día, el gran desafío global es la inclusión de la temática de la reducción de desastres en la agenda de desarrollo en todos los sectores productivos y sociales, así mismo que los gobiernos garanticen la coordinación entre sus ministerios, específicamente para el sector educativo.
El principal reto es la ejecución de los derechos de la niñez en situaciones de emergencias y desastres. En la planificación nacional, regional, local deben incorporarse planes frente a las contingencias contando con los recursos humanos de cada localidad, adecuadamente formados, preparados para los principales riesgos de sus comunidades vinculadas con la escuela, la comunidad y la familia, con la finalidad de establecer la cultura preventiva en