institucional y la violencia de género.
Durante la atención institucional del parto, la violación de los derechos humanos y reproductivos de las mujeres va desde regaños, burlas, ironías, insultos, amenazas, humillaciones, manipulación de la información y negación al tratamiento, sin referir a otros servicios para recibir asistencia oportuna, aplazamiento de la atención médica urgente, indiferencia frente a sus solicitudes o reclamos, no consultarlas o informarlas sobre las decisiones que se van tomando en el curso del trabajo de parto, utilizarlas como recurso didáctico sin ningún respeto a su dignidad humana, el manejo del dolor durante el trabajo de parto, como castigo y la coacción para obtener su ‘consentimiento’, hasta formas en las que es posible constatar que se ha causado daño deliberado a la salud de la afectada, o bien que se ha incurrido en una violación aún más grave de sus derechos.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI, 2010) siete de cada diez mexicanas de más de 15 años han tenido al menos un hijo vivo, lo que indica que 71.6% de la población femenina con vida reproductiva en México ha necesitado atención médica durante el período de embarazo, parto y puerperio; y los datos sobre el número de partos y cesáreas atendidos en 2009, confirman lo que ya se ha documentado desde hace varios años: el incremento desproporcionado de los nacimientos por cesárea, donde el 38.1% del total de nacimientos suceden mediante cesáreas.
Por otro lado la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2012, refiere que México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial (después de China, Brasil y Estados Unidos) en el uso de la práctica de cesáreas sin indicación médica. Esto es una constante que se ha observado sobre todo en población indígena. Lo anterior tiene una base cultural y sociológica que asocia los cuerpos de las mujeres pobres e indígenas con una amenaza para la salud pública y por ello, enlazan la esterilización y el control de la fecundidad de este grupo específico de mujeres con los beneficios de programas sociales. Además ha habido un incremento de 50.3% de la práctica de cesáreas en los últimos doce años. En el sector público se incrementó en un 33.7% y en el privado en 60.4% (INSP, 2012); y del resto de los nacimientos, 59.7% fueron partos “eutócicos” (parto normal, entendido como el proceso que termina sin necesidad de intervención médica quirúrgica a la madre), 2% fueron partos “distócicos” (parto con complicaciones, que requiere apoyo médico especializado), (INEGI, 2010).
Un estudio realizado por Faneite, Feo y Toro Merlo en el 2010, titulado “Grado de conocimiento de violencia obstétrica por el personal de salud” que tuvo como objetivo Determinar el grado de conocimiento de violencia obstétrica y sus implicaciones legales por el personal de salud, y de tipo descriptivo y transversal realizado mediante la aplicación de una encuesta a 500 personas pertenecientes al equipo de salud que labora en el área obstétrica de diferentes centros hospitalarios de junio a octubre en Venezuela. Tuvo como resultados que el 87% de los encuestados conoce de la existencia de una Ley que protege a la mujer en contra de cualquier tipo de violencia; 45,7% de ellos identificó la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Un 89,2% conoce el término violencia obstétrica, señalando al ejecutor como cualquier personal de salud 82,4%. El 63,6% ha presenciado maltrato a una embarazada; y de estos, 42,8% resultó ser por parte del médico y 42,5 % por Enfermería. En 94,6% no existen los medios para la atención del parto vertical, y se emplea 54,4% consentimiento informado. Respecto a mecanismos de denuncia 72,6% desconoce los mismos y 71,8% desconoce los organismos encargados de prestar ayuda. Un 5,4% ha realizado denuncias por violencia de las cuales 7,4% han sido de violencia obstétrica.
Nueva evidencia a un viejo problema: el abuso de las mujeres en las salas de parto elaborado por Valdez, Hidalgo, Mojarro y Arenas (2013). En el que se observó abuso hacia la mujer en el proceso gineco-obstétrica en salas de parto de hospitales de Morelos, donde entrevistó a 512 mujeres en posparto inmediato en dos hospitales del estado de Morelos entre el 7 de mayo y 7 de junio del 2012. Tuvo como resultados que el 11% de las mujeres refirieron haberse sentido maltratadas por alguien del personal de salud. La persona que ejerció maltrato fueron: enfermeras (40%), médicas (30%) y médicos (23%). 19% reportó maltrato verbal, casi 8% maltrato físico y 29% reportó abuso total (toda mujer que respondiera afirmativamente a las preguntas: pregunta abierta de percepción de maltrato, maltrato verbal o maltrato físico). Como conclusión resulto que éste es el primer estudio en México que aborda la violencia obstétrica y aporta elementos para el desarrollo de una cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres durante la atención del parto entre las y los profesionales de la salud.
Otro estudio titulado “Índice de Violencia Obstétrica en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río” realizado por Gutiérrez en el 2012, con el objetivo de evaluar la prevalencia de violencia obstétrica en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, obteniendo como evidencia la presencia de violencia obstétrica, en el rango de edad de 14 a 19 años con un 59.4%, lo cual impacta en la salud de la mujer y mucho más por encontrarse en etapa de la adolescencia, pues aún no se logra la madurez fisiológica del sistema reproductor y ello propicia la alteración en los procesos normales del trabajo de parto. Por otro lado, la atención del parto recibida por las mujeres encuestadas, fue referida en las instituciones del sector público y que muestran mayor índice de violencia ejercida; tal es el caso del ISSSTE, SSA y el IMSS con el 55.6%, 50.75% y 33.30% respectivamente. Otro rubro identificado fue la escolaridad, en donde se observó que la población con mayor índice de violencia obstétrica se dio en analfabetas con el 71.4%, las demás escolaridades también presentaron violencia aunque en menor proporción. Por otra parte a pesar